26 de julio, 2004

Presidente Álvaro Uribe Vélez
Palacio de Nariño
Gobierno de Colombia
Santa Fé de Bogotá, Colombia

Su excelencia Presidente Uribe,

Tenemos el agrado de dirigirnos a S.E. para transmitirle la importancia que nosotros le otorgamos al progreso en la implementación de las recomendaciones para Colombia emitidas anualmente en el mes de marzo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En primer lugar, queremos expresar nuestro reconocimiento a S.E. y su gobierno por haber aceptado implementar estas recomendaciones, primero en Ginebra y, nuevamente, en Londres en julio de 2003. Apreciamos su dedicación para construir un futuro seguro para los colombianos y entendemos las dificultades y complejidades a las que usted se enfrenta. Nos alienta la disminución en el número de homicidios, masacres, secuestros y desplazamientos forzados. Sin embargo, vemos con gran preocupación los niveles de violencia que aun existen en contra de la población civil. Algunos informes reportaron un incremento en el número de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidos a las Fuerzas de Seguridad colombianas. Asimismo, los grupos guerrilleros continúan usando indiscriminadamente artefactos explosivos contra la población civil y las fuerzas paramilitares siguen asesinando y masacrando a pesar de la existencia de un cese al fuego. Creemos que la adherencia a las recomendaciones de OACNUDH contribuirá al establecimiento de una “seguridad democrática” para todos los colombianos con la que usted está personalmente comprometido.

La más urgente de las recomendaciones de la OACNUDH es el rompimiento de los lazos entre él ejército y las fuerzas paramilitares comprometidas en abusos, mediante la suspensión, investigación y el vigoroso enjuiciamiento de aquellos oficiales implicados en dicha colaboración. El informe de las Naciones Unidas de marzo de 2004 cita la falta de cumplimiento de esta meta, incluyendo “la realización de operativos paramilitares con conocimiento inexcusable de la Fuerza Pública, de contactos indebidos entre autoridades civiles y mandos paramilitares,... la inacción de la Fuerza Pública ante la existencia de bases paramilitares fijas, cercanas a instalaciones militares, e incluso la alegación de entrega de información por parte de miembros de la Fuerza Pública sobre posibles objetivos a grupos paramilitares.”

Como usted sabe, enfrentar estos abusos requiere de una justicia imparcial y efectiva. La OACNUDH destaca problemas “en materia de acceso a la misma, de independencia e imparcialidad judicial, de garantías procésales y presunción de inocencia...” Continuamos preocupados con el compromiso real de la Fiscalía en investigar a aquellos oficiales de alto rango implicados en violaciones de derechos humanos y lazos con los grupos paramilitares. Las Naciones Unidas ha hecho un llamado para que se fortalezca el programa de protección de testigos y victimas, se fortalezca también la Unidad de Derechos Humanos y se cree una unidad especializada que investigue los lazos entre el ejército y los paramilitares. Si bien somos conscientes que el Fiscal General se ha comprometido para lograr el establecimiento de esta unidad, esperamos que usted incremente la atención que su gobierno le presta a las recomendaciones relacionadas a combatir la impunidad que aun no se han cumplido.

Las Naciones Unidas también hace énfasis con respecto a la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes sindicales. El programa de protección de líderes de derechos humanos y sindicales de su gobierno es importante. Sin embargo, el progreso en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de estas amenazas y ataques contra dichos lideres es esencial. Uno de los casos más recientes es el asesinato, el pasado 1 de abril, del líder político y activista de derechos humanos Carlos Bernal, quien había sido incluido en el programa de protección, junto con su guardaespaldas y; la incursión a las oficinas de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, realizada el 4 de mayo, por hombres encapuchados y armados; y el asesinato el 15 de abril del líder sindical del sector público, Carlos Alberto Chicaiza, amenazado por hablar públicamente sobre los derechos de su sindicato.

Finalmente, lideres de derechos humanos, religiosos y sindicales han sido blanco de registros y detenciones, en algunos casos debido a información errónea suministrada por informantes pagados. La OACNUDH ha exhortado al gobierno colombiano para que tome las medidas apropiados a una solicitud realizada hace mucho tiempo por los grupos de derechos humanos, con el fin de que anualmente sean revisadas las actas de inteligencia militar de manera de retirar información inexacta. Además, la OACNUDH ha solicitado que se establezcan canales sistematizados de comunicación con los defensores de derechos humanos. También le ha hecho un llamado al gobierno para que: “asegure que no se hagan declaraciones públicas generalizadas que puedan poner en riesgo los derechos de quien se dedique a defender los derechos humanos o a actividades sindicales.”

Gracias por su consideración.

Atentamente,