Author: Dayana Mosquera
July 12, 2024
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The Latin America Working Group (LAWG) strongly condemns the attack on Javier Rojas Uriana, a human rights defender, leader and member of the Shipia Wayúu Association in La Guajira Department. The attack involved an explosive device targeting Mr. Rojas on July 2. This act is part of an ongoing campaign of disinformation, persecution, coercion, threats, and other forms of retaliation against him for his unwavering defense of indigenous rights. Mr. Rojas received the Letelier-Moffitt Human Rights Award from the Institute for Policy Studies (IPS) in 2016 in recognition of his outstanding work.
Javier Rojas Uriana has been a resolute leader in raising awareness about the humanitarian crisis in La Guajira, marked by severe shortages in basic services such as water, food, and medical care due to government neglect. In 2015, the Shipia Wayuu Association successfully petitioned the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to issue Precautionary Measures MC-5115, initially aimed at protecting Wayúu children and later expanded to include pregnant mothers and the elderly. However, successive governments ignored these demands and recommendations from the Commission, leading the Constitutional Court to declare a State of Unconstitutionality in La Guajira due to the systematic violation of constitutional rights of Wayuu children. Despite the orders issued in ruling T-302/17 to protect the rights of the Wayúu people, the community continues to suffer due to the governmental neglect, corruption, and inefficiency in implementing effective measures.
LAWG is extremely concerned about the high levels of violence and the lack of guarantees for human rights defenders in Colombia. According to the IACHR, Colombia continues to lead the region in the number of murders of defenders in 2023. Despite expectations regarding peace policies and efforts by the Petro government, as well as its stated political will, progress has not been sufficient to ensure the necessary conditions to protect the work of human rights defenders.
The NGO Somos Defensores documents this critical situation in its report ‘Puntos Suspensivos’, where defenders continue to face various forms of violence, including murders, threats, attacks, forced displacements, forced disappearances, theft of information, arbitrary detentions, kidnappings, unfair legal proceedings, torture, and sexual violence. According to the report, human rights defenders and social leaders suffered 765 aggressions in 2023, a slightly lower figure compared to the previous year but not significant change in the trends of aggressions.
In response to this crisis, LAWG urges the Colombian State to implement immediate measures. First, the State should conduct a prompt and thorough investigation to identify and sanction those responsible for the attacks against Javier Rojas Uriana. Secondly, the government must abide by the Inter-American Human Rights Commission ‘s ruling to guarantee the protection of the lives and personal integrity of the Wayúu people.
Third, it is imperative to strengthen existing protection mechanisms and implement effective policies that guarantee the life, integrity, and security of all human rights defenders in Colombia.
These measures should include, analyzing the Emergency Plan for the protection of social leaders, human rights defenders, and signers of the peace accord; convening the National Roundtable on Guarantees (Mesa de Garantías) immediately with the full participation of high-level officials responsible for related policies to create consensus and momentum on the protection of human rights defenders; and reengineering the National Protection Unit (Unidad Nacional de Protección, UNP). To maximize success in the development and implementation of these actions, the active participation of Indigenous, human rights platforms and civil society organizations is crucial.
LAWG also urges the international community to work with the Petro government and civil society organizations to bring awareness to the humanitarian crisis in La Guajira and implement solutions.
LAWG deeply values the fundamental role of Indigenous and human rights defenders in democratic societies. As guardians of human dignity, they courageously confront challenges and risks to ensure that we all live in more equitable, sustainable and inclusive societies. Their commitment inspires and strengthens our efforts towards a world where the rights of every individual are respected and protected.
LAWG expresa su condena por el atentado en contra Líder wayúu, Javier Rojas Uriana y manifiesta su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia.
El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en inglés) expresa una enérgica condena al atentado contra Javier Rojas Uriana, defensor de derechos humanos, líder e integrante de la Asociación Shipia Wayuu del Departamento de La Guajira. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, cuando, según informes, el señor Rojas fue atacado con un explosivo dirigido hacia él. Este acto se suma a la denunciada campaña de desinformación, persecución, constreñimiento, amenazas y otros ataques dirigidos en su contra, como represalia por su incansable labor en la defensa de los derechos indígenas. El señor Rojas recibió el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en 2016 en reconocimiento a su destacada labor.
Javier Rojas Uriana ha sido un líder incansable en la denuncia de la crisis humanitaria en La Guajira, marcada por la escasez de servicios básicos como agua, alimentación y atención médica debido al abandono por parte del gobierno. En 2015, la Asociación Shipia Wayuu logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera las Medidas Cautelares MC-5115, inicialmente destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes wayúu, y posteriormente ampliadas para incluir a madres gestantes y personas de la tercera edad. Sin embargo, los gobiernos sucesivos ignoraron estas demandas y recomendaciones de la Comisión, lo que llevó a la Corte Constitucional a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira debido a la violación sistemática de los derechos constitucionales de los niños y niñas wayúu. A pesar de las órdenes emitidas en la sentencia T-302/17 para proteger los derechos del pueblo wayúu, la comunidad sigue sufriendo debido al abandono, la corrupción y la ineficacia estatal en la implementación de medidas efectivas.
LAWG está sumamente preocupado por los altos niveles de violencia y la falta de garantías para los defensores de derechos humanos en Colombia. Según la CIDH, Colombia sigue liderando la región en el número de asesinatos de defensores en 2023. A pesar de las expectativas frente a la política de paz y los esfuerzos del gobierno actual, así como su manifiesta voluntad política, los avances no han sido suficientes para asegurar las condiciones necesarias que protejan la labor de los defensores de derechos humanos.
La ONG Somos Defensores documenta esta crítica situación en su informe ‘Puntos Suspensivos’, donde se reporta que los defensores continúan enfrentando diversas formas de violencia, incluyendo asesinatos, amenazas, atentados, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, robo de información, detenciones arbitrarias, secuestros, procesos judiciales injustos, tortura y violencia sexual. Según el informe, en 2023 los defensores de derechos humanos y líderes sociales sufrieron 765 agresiones, una cifra ligeramente menor en comparación con el año anterior, pero sin cambios significativos en las tendencias de agresiones.
En respuesta a esta crisis, LAWG insta al Estado Colombiano a implementar medidas inmediatas. En primer lugar, el Estado debe realizar una investigación rápida y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de los ataques contra Javier Rojas Uriana. En segundo lugar, el gobierno debe cumplir con las recomendaciones de la CIDH para garantizar la protección de la vida y la integridad personal del pueblo Wayúu.
Tercero, es imperativo fortalecer los mecanismos de protección existentes e implementar políticas efectivas que aseguren la vida, la integridad y la seguridad de todos los defensores de derechos humanos en Colombia.
Estas medidas deben incluir la revisión del Plan de Emergencia para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz; reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP): y reinstalar de inmediato la Mesa Nacional de Garantías con la plena participación de funcionarios de alto nivel responsables de políticas relacionadas para crear consenso y avanzar en la protección de los defensores de derechos humanos. Para maximizar el éxito en el desarrollo e implementación de estas acciones, la participación activa de comunidades indígenas, plataformas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil es crucial.
LAWG también hace un llamado a la comunidad internacional para colaborar con el gobierno de Petro y las organizaciones de la sociedad civil en la sensibilización sobre la crisis humanitaria en La Guajira y en la implementación de soluciones.
LAWG valora profundamente el papel fundamental de los defensores indígenas y de derechos humanos en las sociedades democráticas. Como custodios de la dignidad humana, enfrentan desafíos y riesgos con valentía para asegurar que todos vivamos en sociedades más equitativas e inclusivas. Su compromiso inspira y fortalece nuestra labor por un mundo donde se respeten y protejan los derechos de cada individuo.
