Author: Daniella Burgi-Palomino
This article was originally published in El Faro on January 14, 2022. To read the complete article please visit elfaro.net.
A casi un año de haber asumido la presidencia, la administración Biden decidió volver a implementar la política “Quédate en México”, que regresó a más de 70 000 solicitantes de asilo a México en la frontera estadounidense bajo la administración Trump en 2019. El regreso de esta política, también conocida por sus siglas en inglés MPP, tendrá graves implicaciones para los derechos de los refugiados latinoamericanos, incluyendo el gran número de centroamericanos que huyen de sus países cada año. Desde el 6 de diciembre 2021 existen no una, sino dos políticas que niegan el acceso al asilo a las miles de personas que siguen llegando con la esperanza de que Estados Unidos les ofrezca un refugio: el Título 42 y el Protocolo de Protección de Migrantes en la frontera estadounidense. Y aunque la decisión está, en teoría, basada en una orden de la Corte Suprema, la administración Biden ha superado en su implementación el MPP impulsado por la administración Trump.
En su primer día como presidente, Biden emitió un comunicado que puso fin al MPP oficialmente. Este anuncio provocó que un mes después se anunciara el comienzo de la primera fase, la cual consistió en procesar los casos de las personas que fueron impactadas por la política y que tenían una audiencia pendiente en las cortes inmigratorias. El proceso involucró a organizaciones internacionales y de la sociedad civil para identificar y registrar a estas personas mediante una página web, hacerles pruebas de covid-19 al llegar a la frontera, permitirles la entrada al país y llevar a cabo su caso desde algún lugar en Estados Unidos con sus familiares o personas conocidas.
Las imágenes de las personas entrando fueron emotivas y llenas de alegría; por fin habían logrado entrar a Estados Unidos después de haber sido forzados a esperar en México bajo situaciones precarias por mucho tiempo. Alrededor de 13 000 personas fueron procesadas de esta manera durante cinco meses. Sin duda esto fue un gran logro que demostró el compromiso inicial de la administración Biden de acabar con el MPP y lo que es posible mediante la colaboración con sociedad civil.
