Apelamos al gobierno de facto de Honduras para que restablezca las libertades civiles garantizadas en la Constitución, respeten los derechos humanos y la libertad de expresión, acepte la supervisión y mediación internacional, y retome el diálogo con la administración del constitucionalmente elegido Presidente Manuel Zelaya. Apelamos a todos los hondureños para que resuelvan este conflicto por medios pacíficos.
Estamos muy preocupados por la decisión del gobierno de Micheletti de suspender, mediante el decreto publicado en el boletín oficial el 26 de septiembre de 2009, las libertades civiles garantizadas constitucionalmente. También nos preocupan las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión que vienen teniendo lugar desde que regresara a Honduras el Presidente Manuel Zelaya el pasado 21 de septiembre. Apelamos al gobierno para que cese de inmediato con el uso abusivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales y militares contra protestantes pacíficos; con las detenciones arbitrarias; y con el acoso, la vigilancia y los ataques contra defensores de los derechos humanos. Exhortamos al gobierno a poner fin a los actos de hostilidad y acoso dirigidos contra de la Embajada brasileña. Estamos sumamente preocupados por las restricciones que tiene la libertad de prensa, entre ellas la suspensión de las garantías de libertad de expresión ordenada en el decreto del 26 de septiembre y las medidas de corte de energía, ocupación y clausura de los medios de comunicación.
Exhortamos al gobierno de facto a aceptar de inmediato a los mediadores de la Organización de Estados Americanos y apelamos a la Corte Suprema y al Congreso de Honduras para que accedan al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de realizar una visita para verificar las denuncias de abusos a los derechos humanos desde el 21 de septiembre. Asimismo apelamos al gobierno para que permita el ingreso de otros relatores especiales de la ONU y la OEA para vigilar la situación de los derechos humanos.
Por último, exhortamos al Departamento de Estado de los Estados Unidos a que abogue decididamente por la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, y a que utilice todos los medios diplomáticos para restituir el orden constitucional en Honduras y propicie, junto con la Organización de los Estados Americanos, un proceso de diálogo nacional.
