Today the Latin America Working Group (LAWG), the Washington Office on Latin America (WOLA), and Refugees International sent a letter to the Mexican Secretary of the Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, as well as to the Governor of Sinaloa, Mario López Valdez, expressing our concern over the vulnerability faced by Esperanza Hernández Lugo, the human rights defender who accompanies the internally displaced population in the state of Sinaloa. In the letter, the signing organizations ask that Secretary Osorio Chong and Governor López Valdez ensure that the necessary measures be taken for Esperanza Hernández and her family to safely return to their current residence, establishing the necessary security measures at their residence and during the trip. Additionally, the letter asks that they promote policies to assist forcibly internally displaced persons in the state of Sinaloa, and to ensure their rights to housing, employment, food, and education.
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El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en inglés), La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y Refugees International mandaron una carta hoy a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de México, y a Mario López Valdez, gobernador del Estado de Sinaloa, para expresar nuestra preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentra la defensora Esperanza Hernández Lugo, defensora de derechos humanos que acompaña en temas humanitarios a la población que sufre desplazamiento interno en el estado de Sinaloa.
En la carta las organizaciones piden que giren las instrucciones necesarias para que el Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Sinaloa garanticen las medidas necesarias para que la defensora Esperanza Hernández y su familia puedan retornar, de manera segura, a su lugar de residencia actual, estableciendo las medidas de seguridad necesarias en su domicilio y durante todos sus traslados. Además, que impulsen políticas para atender a los desplazados internos forzados en el estado de Sinaloa que garantice entre otros, los derechos a la vivienda, trabajo, alimentación y educación.
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