CARTA PÚBLICA
Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores
Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación
Estimados Secretarios,
Somos organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que realizamos trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en ambos lados de la frontera. Les escribimos respecto al anuncio hecho desde la presidencia, el pasado 2 de mayo, sobre el Plan Humanitario Conjunto sobre Migración entre México y Estados Unidos y los compromisos asumidos por parte del gobierno mexicano.
En varias ocasiones hemos resaltado la urgente necesidad de que el gobierno estadounidense restaure el acceos al asilo en la frontera a todas las personas que desean solicitar protección en ese país y que el gobierno mexicano garantice los derechos humanos y seguridad de las personas retornadas al país a consecuencia de políticas estadounidenses.
Consideramos positivo que el gobierno estadounidense ha establecido nuevas vías regulares de la migración para personas de ciertas nacionalidades, como las visas humanitarias para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que cumplen con ciertos requisitos, así como el anuncio hecho el 27 de abril sobre la expansión de permisos de reunificación familiar a personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, cuyos detalles están aún por verse. No obstante, estas medidas no son suficientes, sobre todo tomando en cuenta que el gobierno del presidente Biden también ha anunciado nuevas restricciones para poder acceder al asilo en Estados Unidos después del cierre del Título 42 el 11 de mayo.
Retomando la experiencia con la adopción del Título 42, medida que varias de nuestras organizaciones, congresistas estadounidenses, y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideramos incompatibles con los principios del derecho internacional de las y los refugiados, y el derecho humano a buscar y solicitar asilo, es de nuestra más alta preocupación que el gobierno estadounidense vuelva a obstaculizar el derecho a buscar y recibir asilo de personas que lleguen a la frontera México-Estados Unidos.
En ese sentido, nos consterna la actuación por parte del gobierno mexicano ante las medidas anunciadas por Estados Unidos. En el reciente comunicado emitido por la presidencia se afirma que “México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”. Entendemos que esto significa que, contrario a la práctica del gobierno mexicano antes del inicio de “Quédate en México” o MPP, en enero de 2019, México seguirá aceptando personas migrantes no mexicanas retornadas por el gobierno estadounidense, esta vez bajo el Título 8 de la ley estadounidense (es decir, personas deportadas por el sistema de inmigración de Estados Unidos).
Debido a la falta de claridad e información sobre la respuesta del gobierno mexicano, solicitamos respondan las siguientes preguntas con el fin de orientar nuestro a apoyo a la población que podría verse impactada:
- ¿Qué nacionalidades estará aceptando México para ser retornadas de Estados Unidos? ¿Se ha determinado un límite en el número de personas que aceptará México cada mes?
- ¿Qué documentos migratorios proporcionará el gobierno mexicano para la población retornada de Estados Unidos? ¿Serán elegibles para poder acceder a la condición de refugiado u otras formas de protección humanitaria en México?
- ¿Qué criterios tiene previsto el gobierno mexicano para facilitar el retorno seguro a los países de origen para personas retornadas de Estados Unidos? ¿Qué respuesta tiene preparada el gobierno mexicano para el retorno de estas personas a México? Sobre todo, tomando en cuenta que las ciudades fronterizas mexicanas ya están experimentado un sobrecupo en los albergues y otros servicios disponibles para las personas migrantes, y que muchas de estas personas van a tener restricciones o estar excluidas de solicitar el reingreso a Estados Unidos.
- ¿Qué medidas van a adoptar sus oficinas para garantizar la seguridad de las personas retornadas al territorio mexicano?
- ¿Qué tipo de acuerdo conjunto o colaboración con Estados Unidos ha gestionado México para atender a las necesidades de las poblaciones retornadas, apoyo a las instituciones que darán atención como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o la instalación de albergues temporales en las ciudades fronterizas?
- ¿Qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez están considerando adoptar para prevenir o proteger a niñas, niños y adolescentes de los resultados de las políticas migratorias post Título 42? Por ejemplo, para garantizar la no separación familiar.
Dado nuestro trabajo con la población migrante, nos parece imprescindible aclarar estas dudas y crear un diálogo abierto, transparente y urgente con el gobierno mexicano, con el objetivo de brindar una atención y acompañamiento a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en ambos lados de la frontera.
Atentamente,
Organizaciones de la Sociedad Civil
Alianza Americas
Apoyo a Migrantes Venezolanos
Asylum Access México (AAMX) A.C.
Bloque Latinoamericano sobre Migración: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Cáritas Brasileira, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC – Brasil, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales-Chile, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Secretariado Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia, Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR-Ecuador), Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) – El Salvador, Cristosal, Advancing Human Rights in Central America – El Salvador, Asociación, RUMIÑAHUI. Red de Ecuatorianos en Europa, Centro de Atención y Desarrollo Integral Migrante (CADIM), Federación Zacatecana de Migrantes, Latinas en el Poder, National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR), South Texas Human Rights Center (El Centro de Derechos Humanos Del Sur de Texas), Coalición de Derechos Humanos, Tucson, Az, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), Asociación Pop No’j – Guatemala, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migrator
Center for Democracy in the Americas (CDA)
Center for Gender and Refugee Studies (CGRS)
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena AC (CAFAMI)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición de Migrantes Mexicanos
Comision de Accion Social Menonita ( CASM)
Comunidad en Retorno
Cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración BUAP-CA-230
Fundación para la Justicia el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Grupo de Identidad y Educación Para las Movilidades (GIE): Colectivo de Federaciones y Organizaciones Migrantes Mexicanas (COLEFOM), 1 de 7 migrando,Apoyo a Migrantes Venezolanos, Casa del Migrante Saltillo, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado- (CCAMYN),Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI),Clínica Jurídica IBERO, Comunidad en Retorno, Deportados Unidos en la Lucha (DUL),Instituto Para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Dra. Leticia Calderón Chelius, Otros Dreams en Acción (ODA),Red de Mujeres del Bajío,Sin Fronteras IAP y Migrantologos.
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
International Rescue Committee (IRC) – Mexico
Latin America Working Group/El grupo de trabajo para asuntos Latinoamericanos (LAWG)
LV Acompañamiento y Arte por los Derechos de las Mujeres, A.C. (Las Vanders)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oxfam America
Oxfam Mexico
Refugees International
Sin Fronteras IAP
South Texas Human Rights Center
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM)
Women’s Refugee Commission (WRC)
Título personal
Patricia Eugenia Zamudio Grave
Luis Miguel Morales Gámez
Marina Brismat
Xiomara Peraza
Letza Bojorquez
Guillermo Yrizar B.
Amarela Varela Huerta
Ana Verónica Stern
Marcelo Ebrard Casaubon, Secretary of Foreign Affairs
Adán Augusto López Hernández, Secretary of Governance
Dear Secretaries, Ebrard Casaubon and López Hernández,
We are civil society organizations and experts who defend and promote the human rights of migrants, asylum seekers, and refugees on both sides of the border. We write to you regarding the announcement made by the Presidency of Mexico on May 2 regarding the Joint Humanitarian Plan on Migration between Mexico and the United States, and the commitments made by the Mexican government.
We have highlighted on several occasions the urgent need for the U.S government restoring access to asylum at the border to all persons who wish to seek protection in this country and for the Mexican government to ensure the human rights and safety of those who are returned to Mexico because of U.S. policies.
We consider it positive that the U.S. government has established legal pathways for migration for persons of certain nationalities, such as humanitarian parole for persons from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela who meet specific requirements, as well as the April 27 announcement of the expansion of family reunification parole process for people from Guatemala, El Salvador, Honduras and Colombia, the details of which have yet to be finalized. However, these measures alone are insufficient, particularly because President Biden’s administration has also announced new restrictions on access to asylum in the United States after Title 42 ends on May 11.
Following the experience with the adoption of Title 42, a policy that several of our organizations, members of the U.S Congress, and international organizations such as the UN Refugee Agency (UNHCR) consider incompatible with the principles of international refugee law and the human right to seek asylum, it is of the utmost concern that the U.S. government will once again obstruct the right to seek asylum for persons arriving at the U.S.-Mexico border.
As such, we are also worried about the Mexican government’s response to these measures. The recent press release issued by the Presidency of Mexico states that “Mexico will continue to accept the return of migrants under humanitarian grounds.” We understand this to mean that, contrary to the Mexican government’s practice before the start of the Migrant Protection Protocols (Remain in Mexico program) in January 2019, Mexico will continue to accept non-Mexican migrants returned by the U.S. government, this time under Title 8 of U.S. law (i.e., persons deported under the U.S. immigration system).
Due to the lack of clarity and information in the Mexican government’s announcement, we request answers to the following questions to guide the way we provide support to the population that could be impacted:
- What nationalities will Mexico receive from the United States? Has a limit been set on the number of people Mexico will receive monthly?
- What immigration documents will the Mexican government provide for the population sent back from the U.S. and will they be eligible for refugee status or other forms of humanitarian protection in Mexico?
- What criteria does the Mexican government have in place to facilitate the safe return of people sent back from the United States to their countries of origin? Does the Mexican government have in place information for the people who are returned to Mexico? This is particularly important considering that Mexican border cities are already experiencing overcrowding in shelters and other services available to migrants and that many of these people will be restricted or excluded from applying for re-entry to the United States.
- What measures will your offices adopt to guarantee the safety of persons returned to Mexican territory?
- What type of joint agreement or collaboration with the United States has Mexico negotiated to meet the needs of returning populations, support institutions that will assist, such as the Mexican Commission for Refugee Assistance (COMAR) and/or set up temporary shelters in border cities?
- What actions or measures based on the child’s best interests are you considering adopting to prevent or protect children and adolescents from the results of post-Title 42 immigration policies, for example, to ensure no family separation?
Given our work with the migrant population, we believe it is important to clarify these doubts and create an open, transparent, and urgent dialogue with the government with the aim of providing support and accompaniment to migrants, asylum seekers, and refugees on both sides of the border.
Kindly,
Civil society organizations
Alianza Americas
Apoyo a Migrantes Venezolanos
Asylum Access México (AAMX) A.C.
Bloque Latinoamericano sobre Migración: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Cáritas Brasileira, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC – Brasil, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales-Chile, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Secretariado Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia, Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR-Ecuador), Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) – El Salvador, Cristosal, Advancing Human Rights in Central America – El Salvador, Asociación, RUMIÑAHUI. Red de Ecuatorianos en Europa, Centro de Atención y Desarrollo Integral Migrante (CADIM), Federación Zacatecana de Migrantes, Latinas en el Poder, National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR), South Texas Human Rights Center (El Centro de Derechos Humanos Del Sur de Texas), Coalición de Derechos Humanos, Tucson, Az, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), Asociación Pop No’j – Guatemala, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migrator
Center for Democracy in the Americas (CDA)
Center for Gender and Refugee Studies (CGRS)
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena AC CAFAMI
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición de Migrantes Mexicanos
Comision de Accion Social Menonita (CASM)
Comunidad en Retorno
Cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración BUAP-CA-230
Fundación para la Justicia el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Grupo de Identidad y Educación Para las Movilidades (GIE): Colectivo de Federaciones y Organizaciones Migrantes Mexicanas (COLEFOM), 1 de 7 migrando,Apoyo a Migrantes Venezolanos, Casa del Migrante Saltillo, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado- (CCAMYN),Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI),Clínica Jurídica IBERO,Comunidad en Retorno,Deportados Unidos en la Lucha (DUL),Instituto Para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI),Dra. Leticia Calderón Chelius,Otros Dreams en Acción (ODA),Red de Mujeres del Bajío,Sin Fronteras IAP y Migrantologos.
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
International Rescue Committee (IRC) – Mexico
Latin America Working Group/El grupo de trabajo para asuntos Latinoamericanos (LAWG)
LV Acompañamiento y Arte por los Derechos de las Mujeres, A.C. (Las Vanders)
Oxfam America
Oxfam Mexico
Refugees International
Sin Fronteras IAP
South Texas Human Rights Center
Washington Office on Latin America (WOLA)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (VM-APM)
Women’s Refugee Commission (WRC)
Experts
Patricia Eugenia Zamudio Grave
Luis Miguel Morales Gámez
Marina Brismat
Xiomara Peraza
Letza Bojorquez
Guillermo Yrizar B.
Amarela Varela Huerta
Ana Verónica Stern
