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Organizaciones internacionales reiteran su apoyo a las comunidades y a las instituciones que quieren apoyar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el caso de las comunidades de la Puya y la mina El Tambor

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24 de mayo de 2016
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Las organizaciones de derechos humanos y derecho ambiental abajo firmantes aplaudimos los esfuerzos recientes de las cortes guatemaltecas para aplicar la ley nacional y normas internacionales en relación al derecho a la consulta y la responsabilidad corporativa en el caso de la mina El Tambor, también conocido como “Progreso VII Derivada”; y reiteramos nuestro apoyo para las Comunidades en resistencia pacífica de la Puya en Guatemala.

Las cortes guatemaltecas han otorgado un amparo provisional, dejando en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación de oro y plata en la mina El Tambor . El dueño del proyecto es la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, SA (Exmingua), subsidiaria de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates. KCA; la cual adquirió 100% del interés en Exmingua de la empresa canadiense Radius Gold en 2012. Radius sigue recibiendo intereses por regalías y pagos en efectivo del proyecto.

El amparo fue otorgado porque las cortes reconocieron que el Estado no cumplió con su obligación de consultar a la población antes de iniciar el proyecto y no inició ningún proceso para buscar el consentimiento de las poblaciones indígenas afectadas. El derecho de pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y el derecho al consentimiento libre, previo e informado es reconocido por Guatemala, país signatario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las resoluciones recientes han afirmado las preocupaciones expresadas por las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.Desde el momento en que supieron de la concesión minera en 2011, han expresado sus preocupaciones sobre la falta de consulta, violaciones de los derechos de pueblos indígenas y los impactos negativos de la mina en el medio ambiente y la salud de las personas.

Organizacionesinternacionales hemos observado de cerca este caso, desde que las comunidades iniciaron un plantón pacífico en la entrada a la mina en 2012 para exigir que su gobierno cumpliera con las garantías de protección para la ciudadanía establecidas en la Constitución guatemalteca. La respuesta a sus preocupaciones legítimas ha sido una combinación de represión, difamación pública y criminalización. Se han cometido actos de violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos de estas comunidades que prevalecen impunes. Aun hace falta una investigación real del atentado en contra de una activista en junio de 2012; tampoco ha habido investigación o reparación por las graves heridas sufridas por comunitarios durante el desalojo violento llevado a cabo por la PNC en mayo de 2014. No se ha esclarecido el incidente ocurrido la noche del 29 de abril, en el que dos personas resultaron heridas en el plantón frente al MEM.

Reiteramos la importancia de investigar estos actos de violencia, así como abordar las preocupaciones serias de las comunidades en relación con impactos ambientales, sobre el agua y su salud por la actividad minera. Expertos internacionales quienes analizaron el Estudio de Impacto Ambiental encontraron numerosas deficiencias y concluyeron que no cumple con los estándares internacionales básicos.

Destacamos también el hecho de que el amparo ha puesto en marcha una serie de investigaciones que revelan evidencia de posibles actividades ilegales por parte de Exmingua.

El 10 de marzo del año en curso, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) respondió a la resolución legal con las medidas administrativas correspondientes, suspendiendo la licencia de explotación de Exmingua. Una inspección del MEM en abril verificó que la empresa seguía operando.El 9 de mayo, agentes policiales y el Ministerio Público detuvieron a cuatro trabajadores de Exmingua, sindicados del delito de explotación ilegal de recursos naturales. En su vehículo se encontraron 19 costales de concentrado de oro y plata, valorados en total en aproximadamente US$1.9 millones . Nos preocupa que el 10 de mayo se retiraron los cargos contra los hombres por “falta de mérito”, fueron puestos en libertad los trabajadores y los sacos de minerales devueltos a la empresa, una acción que sugiere una falta de conocimiento de la resolución de las máximas cortes del país. Sin embargo, unos días después, policías y agentes fiscales llevaron a cabo cuatro allanamientos de una bodega clandestina e incautaron 300 sacos, valorados en un total de aproximadamente US$30 millones.

Notas de prensa han revelado que investigadores habían vinculado helicópteros contratados por la empresa – supuestamente usados para transportar minerales de la mina a una finca en El Progreso – a Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vice presidenta Roxana Baldetti, y a Raúl Osoy Penado, empresario que supuestamente actuó como testaferro para Baldetti . Todos han sido envueltos en una serie de grandes escándalos de corrupción que resultaron en el arresto de Baldetti y el ex presidente Otto Pérez Molina en 2015, entre muchos otros.

Otro caso legal ha revelado serias dudas sobre si la empresa tenía los permisos municipales necesarios para sus actividades de construcción en el sitio e incluso la presunta falsificación de dichos permisos.

Guatemala ha tomado pasos importantes para abordar los grandes retos de combatir la corrupción estatal y la impunidad. Aplaudimos las resoluciones apegadas a derecho tomadas por las cortes guatemaltecas,así también reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público por las acciones recientes para hacer cumplir el derecho a la consulta previa y asegurar que las empresas también cumplan con la ley en este caso.

Hacemos un llamado a la empresa estadounidense KCA y su subsidiaria Exmingua a suspender de inmediato sus operaciones y acatar la resolución reciente del MEM y el amparo provisional.

Hacemos un llamado al Ministerio Público a que continúe con todas las investigaciones pertinentes de supuestos actos criminales en relación a Exmingua, KCA y el proyecto El Tambor.

Hacemos un llamado al Gobierno de Guatemala y al Ministerio de Gobernación, para garantizar la seguridad de las personas en la Puya y cualquier ciudadano que participe en manifestaciones pacíficas.

Instamos a la Embajada de los Estados Unidos a que apoye a las y los defensores de los derechos humanos y condene el uso del discurso de odio y la difamación como una herramienta para impedir su labor. Además, hacemos un llamado a la Embajada a tomar todas las medidas posibles y necesarias para asegurar que empresas estadounidenses respeten la ley y los derechos humanos, de acuerdo con la legislación nacional, resoluciones de las cortes y con los más altos estándares internacionales para empresas multinacionales. Instamos al Embajador Todd Robinson a que haga un pronunciamiento público en tal efecto.

Firmado:

Guatemala Human Rights Commission/USA
Network in Solidarity with the People of Guatemala
Center for International Environmental Law
Maritimes – Guatemala Breaking the Silence Network
Progressive Leadership Alliance of Nevada
Rights Action Canada
Rights Action USA
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Latin America Working Group
Oxfam
American Friends Service Committee (AFSC)
Maryknoll Office for Global Concerns
American Jewish World Service
Sisters of Mercy of the Americas – Institute Justice Team
International Platform against Impunity