[En español abajo]
For Immediate Release:
March 18, 2022
Contact:
CorieWelch | Advocacy Director, Guatemala Human Rights Commission
coriewelch@ghrc-usa.org
Antonio Saadipour | Program Associate
asaadipour@admlawg
Organizations Urge U.S. Development Finance Corporation to Reconsider Investments in Guatemala
Washington, D.C. — Today, a group of human rights, foreign policy, immigrant rights, faith-based and refugee organizations joined a letter to the Development Finance Corporation (DFC) to express concern about the rapid deterioration of the rule of law in Guatemala and urging the DFC to revisit its investment plans with respect to Guatemala. The letter follows the recent arrests by the Guatemalan Attorney General’s Office of 6 prosecutors based on spurious charges, some of whom are in pre-trial detention, and the flight into exile of at least 3 anti-corruption prosecutors since January 1, 2022. The letter also follows on the heels of the implementation in February of a law restricting the work of nongovernmental organizations, and news of credible testimony implicating President Alejandro Giammattei in acts of corruption.
The letter reads, “We are aware that in January 2020 Guatemalan President Alejandro Giammattei signed a memorandum of understanding with the DFC, aiming to catalyze private sector investment of up to $1 billion over three years in support of development in Guatemala. The Guatemala of today, however, is markedly different from the Guatemala of two years ago. A sound investment climate requires stability and strong institutions, as well as consistent adherence to the rule of law…The undermining of civil society, the capture of the judicial system by corrupt forces, the systematic persecution of corruption investigators, and credible allegations of corruption involving the country’s president himself should lead the DFC to reassess any investment in Guatemala. These factors have created an environment in which the environmental, human rights, and worker rights standards the DFC aims to meet not only cannot be guaranteed but are highly likely to be violated.”Full letter in English here and in Spanish here.
###lawg.org
Para publicación inmediata:18 de marzo de 2022
Contacto:
CorieWelch | Directora de incidencia, Comisión de Derechos Humanos en Guatemala
coriewelch@ghrc-usa.org
Antonio Saadipour | Asociado de programas
asaadipour@lawg.org
Organizaciones instan a la Corporación Financiera de Desarrollo de los EE.UU. a reconsiderar inversiones en Guatemala
Washington, D.C. — Hoy, un grupo de organizaciones de derechos humanos, política exterior, derechos de los inmigrantes, organizaciones de fe y de refugiados se unieron a una carta dirigida a la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) para expresar su preocupación por el rápido deterioro del estado de derecho en Guatemala e instar a la DFC a revisar sus planes de inversión con respecto a Guatemala. La carta sigue las detenciones recientes por parte de la Fiscalía General de la República de Guatemala de 6 fiscales basados en cargos falsos, algunos de los cuales se encuentran en prisión preventiva, y la huida al exilio de al menos 3 fiscales anticorrupción desde el 1 de enero de 2022. La carta también sigue los pasos de la implementación en febrero de una ley de ONG que restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, y noticias de testimonios creíbles que implican al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción.
La carta comunica, “Somos conscientes de que en enero de 2020 el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei firmó un memorando de entendimiento con la DFC, con el objetivo de catalizar la inversión del sector privado de hasta 1.000 millones de dólares durante tres años en apoyo del desarrollo en Guatemala. La Guatemala de hoy, sin embargo, es notablemente diferente de la Guatemala de hace dos años. En consecuencia, creemos que la DFC debería revisar sus planes de inversión con respecto a Guatemala. Un clima de inversión sólido requiere estabilidad e instituciones fuertes, así como la adhesión constante al estado de derecho…El debilitamiento de la sociedad civil, la captura del sistema judicial por parte de las fuerzas corruptas, la persecución sistemática de los investigadores de la corrupción y las acusaciones creíbles de corrupción que implican al propio presidente del país deberían llevar al DFC a reevaluar cualquier inversión en Guatemala. Estos factores han creado un entorno en el que las normas medioambientales, de derechos humanos y de derechos de los trabajadores que el DFC pretende cumplir no sólo no pueden garantizarse, sino que es muy probable que se violen.”Para leer la carta completa aquí en inglés y aquí en español.
###lawg.org
