en English

“Donde hay afro-descendientes, se continua una grave crisis de violación de nuestros derechos.”

Print Friendly, PDF & Email

Las comunidades Afro-Colombianas han experimentado un crecimiento de las amenazas de desalojo y violencia en el último año. El 21 de septiembre, LAWGEF en asociación con Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones asociadas organizaron un evento en DC donde Clemencia Carabali Rodallega, una líder afro-colombiana destacada, habló sobre la grave situación que muchas comunidades están viviendo hoy. Las siguientes citas son tomadas de ese evento.

Clemencia Carabali Rodallega ha trabajado como defensora de los derechos humanos y territoriales de comunidades Afro-Colombianas desde 1997. Ella es parte de la Asociación Municipal de Mujeres (ASOM), una organización que consiste de grupos de mujeres de doce pueblos en el municipio de Buenos Aires. Buenos Aires es uno de diez municipios ubicado en el norte de Cauca, una zona abundante y geográficamente importante.

{youtube}RoI05ss4EZk{/youtube}

Para leer este artículo en ingles haga clíc aquí.

“En toda la región del pacífico colombiano, así con en las otras regiones del país donde habitamos las comunidades afro-descendientes, se continua una grave crisis de violación de nuestros derechos. Básicamente, estos tienen que ver con el interés político y económico que representa esa región por todos los recursos naturales, minerales; todo lo que tiene que ver con el agua, el bosque, el oro, y condiciones de acceso a la región lo que despiertan inversionistas privados y extranjeros multinacionales, el interés de hacerse sus proyectos allí.

“En este momento tenemos una grave situación en la comunidad de La Toma en el municipio de Suárez que es un municipio cercano a Buenos Aires. Hay una orden de desalojo por parte del Ministerio de Minas y Energía que ordena que deban salir 2,700 familias que forman parte de ese territorio porque se le ha concedido un titulo a un inversionista privado.

“Para el caso del Norte de Cauca, nosotros somos una de las organizaciones que hace parte del proceso organizativo de comunidades negras en Colombia (PCN). El PCN es una articulación de organizaciones y personas que en Colombia trabajamos por la reivindicación de los derechos de la población afro. Nosotras, como asociación municipal de mujeres en Buenos Aires, estamos trabajando en el tema de formación de información y de dar capacitación a nuestras mujeres para que podamos tener las herramientas que permitan hacer una defensa efectiva de nuestros derechos. Por ejemplo, desarrollamos capacitaciones sobre… [las herramientas en la ley] para prevenir el desplazamiento… relaciones interfamiliares… autoestima… como pensar que nosotras somos capaces y que podemos contribuir… al desarrollo del país y la búsqueda de la paz que queremos todos y todas en Colombia. El papel de las mujeres ha sido clave porque nuestros esposos e hijos… son amenazados o son reclutados o en otros casos son asesinados por los grupos armados ilegales. Muchas de nuestras compañeras han perdido sus esposos en esta guerra que se vive todos los días en Colombia.

“En el último año hemos tenido dos masacres en la zona. Una fue en el mes de Abril, donde asesinaron a siete personas y una quedó gravemente herida. En el mes de Julio asesinaron a cinco personas también de una comunidad del municipio de Buenos Aires. Pero adicionalmente, permanentemente, cada 8 días o 15 días asesinan a un joven con el pretexto de que nos oponemos al desarrollo, simplemente porque exigimos que se aplica la consulta previa, el consentimiento previo libre e informado que no es otra cosa más informar al gobierno y las multi-nacionales a que concierten con las comunidades y a que se nos informen cuales son los planes y proyectos que tienen para nuestros territorios y que juntos miremos cuales son los efectos ambientales, sociales e inclusive políticos de sus proyectos. Pero no hay la voluntad política para hacerlo.

“Cuatro mujeres de nuestra organización hemos sido amenazadas en abril del año pasado.
Llegaron mensajes, documentos a nuestra oficina y a los celulares diciendo que éramos objetivos militar y que nos cuidáramos porque nos iban a asesinar. A nuestras oficinas entraron, no sabemos quién, pero rompieron las puertas y revisaron nuestra computadora. Yo tuve que cambiar de domicilio, me tuve que desplazar de Buenos Aires buscando un sitio más seguro, al igual que la oficina tuvo que ser movida.

“…Se presento el caso ante la fiscalía y no hemos tenido respuesta. La fiscalía es que debe investigar quien esta detrás de esas amenazas. Pero hasta hoy no hemos tenido respuesta, a pesar de que en el mes de noviembre se presento el caso en Washington en la comisión Inter-Americana de derechos humanos.

“Para nosotros es muy importante que… ustedes estén aquí porque generalmente este tipo de información no se sabe por los medios de comunicación escritas, ni por la televisión, y mucho menos es reflejada en informes que presente el gobierno… Nosotros tenemos una gran preocupación por el apoyo que da el gobierno de los Estados Unidos a Colombia. Sentimos una gran frustración porque nos hemos enterado de que el departamento del estado certificó a Colombia en materia de Derechos Humanos [conectado a la ayuda militar dada del gobierno Estadounidense a Colombia cada año]. Antes yo no entendía porque si se están dando unos hechos muy concretos y reales allí de violaciones de derechos humanos, ¿porque lo certifican? Ahora entiendo que es una cosa política y no tiene nada que ver con los hechos.

“Es importante que ustedes estén aquí porque yo creo que ustedes pueden ser un papel muy importante acá, ya que contribuyen con los impuestos que hay que pagar en este país y que entendio que de alguna manera van a financiar iniciativas como Plan Colombia. Me parece importante que ustedes exijan cuentas sobre que están haciendo con su dinero.”