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25 de agosto de 2016
Washington, D.C.— Después de más de 50 años de guerra y cuatro años de conversaciones, el gobierno colombiano y las FARC han logrado un acuerdo de paz. Este anticipado acuerdo pone fin al conflicto armado de más larga duración en el hemisferio occidental y ofrece la oportunidad de implementar una paz sostenible.
El Grupo de Trabajo sobre asuntos de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés), una organización de incidencia que ha trabajado en estrecha colaboración con la sociedad civil y grupos de víctimas colombianas desde el 1998, da la bienvenida a este paso histórico.
“Felicitamos al gobierno de Colombia y al liderazgo de las FARC por llegar a este acuerdo innovador”, dijo Lisa Haugaard, directora ejecutiva del LAWG. “También reconocemos el rol esencial que las víctimas, las lideresas, las activistas de la paz, los líderes comunitarios afrocolombianos e indígenas, y los defensores y las defensoras de derechos humanos han desempeñado en el avance de los acuerdos de paz y que seguirán jugando en la construcción de la paz desde la base”.
El costo humano del conflicto ha sido devastador. Más de 220.000 personas —más del 80% de los cuales eran civiles— perdieron la vida durante esta guerra implacable. Además, más de 6 millones de colombianos fueron forzosamente desplazados, sobre 45.000 fueron desaparecidos y un sinnúmero de mujeres sufrieron violencia sexual que a menudo no se reconoció.
Comunidades rurales, pobres, y marginadas —incluyendo afrocolombianos, indígenas, y mujeres— fueron desproporcionadamente afectadas por la violencia. Estos grupos han tomado la delantera en la defensa de los derechos de sus comunidades en sus territorios y en la mesa de la paz.
Aún quedan enormes retos por delante. El gobierno de Colombia todavía no ha logrado avance en las negociaciones oficiales con el último grupo importante de la guerrilla, el ELN; tampoco ha tenido éxito desmantelando los grupos sucesores de los paramilitares que siguen intimidando y dañando a las comunidades colombianas. Hasta que no se desarmen estos otros grupos, la paz no podrá echar raíces.
En el periodo subsecuente, los líderes comunitarios, los movimientos sociales, sindicalistas, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos que fueron amenazados durante el conflicto seguirán enfrentando grandes riesgos. El gobierno de Colombia debe abordar los riesgos que enfrentan estos individuos y ofrecer protección adecuada.
Adicionalmente, las fuerzas armadas deberían convertirse en un rol nuevo y más limitado en cuanto la policía civil se expande en las zonas de pos-conflicto. Durante esta transición, las fuerzas armadas no deben ser alentadas a proporcionar capacitación a las fuerzas de seguridad de otras naciones dado su antecedente de violaciones de derechos humanos durante la guerra, ejemplificado por el escándalo de “los falsos positivos”, en el que los miembros del ejército ejecuto extrajudicialmente a más de 4.000 individuos, en su mayoría hombres jóvenes y pobres, a menudo para obtener bonificaciones y días de descanso. Las fuerzas policiales civiles deben ser capacitadas para respetar los derechos humanos y deben ser vigiladas estrechamente para evitar el uso excesivo de la fuerza, incluso contra activistas sociales.
En Octubre, se les pedirá a los colombianos a votar en un plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de paz. Al menos 4,5 millones de votantes —13% del censo electoral colombiano— tienen que votar “sí” para obligar al presidente Juan Manuel Santos a adoptar los acuerdos. Muchos colombianos nunca han experimentado un solo día de paz en sus vidas, por lo que algunos desconfían que la paz sea posible. Sin embargo, una encuesta reciente muestra que el 69% de los colombianos cree que los acuerdos de paz son la mejor manera de resolver la guerra.
Desde el 2000, los Estados Unidos han proporcionado casi $10 mil millones a través del Plan Colombia para financiar más de quince años de guerra. El costo humano de esta estrategia de seguridad financiada por EE.UU. fue devastador. En los últimos cuatro años, sin embargo, la administración del Presidente Barack Obama ha elegido el camino correcto en apoyar firmemente el proceso de paz. Ahora, el gobierno de los EE.UU. tiene la obligación moral de financiar y apoyar diplomáticamente la implementación de los acuerdos de paz.
La implementación de los acuerdos será un proceso costoso y de largo plazo. “Instamos a la comunidad internacional, y a los Estados Unidos en particular, a apoyar los esfuerzos para la implementación y monitoreo de los acuerdos de paz y a asegurar que las víctimas de la violencia tengan acceso auténtico a la verdad, a la justicia, a reparaciones y a la garantía de que este pasado violento no se repetirá jamás”, concluyó la directora del LAWG, Lisa Haugaard.
Lisa Haugaard, directora ejecutiva del LAWG y experta en Colombia, está disponible para hacer comentarios. Para entrevistas, por favor póngase en contacto con:
Lisa Haugaard
Latin America Working Group, Directora Ejecutiva
lisah@lawg.org
Celular: (301) 537-3387
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