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El Plan Alianza para la Prosperidad y la Política y Cooperación Estadounidense

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Lisa Haugaard, Latin America Working Group

Presentada en: Foro/Debate, El Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte: Impactos para la gobernabilidad, el desarrollo y las migraciones Organizada por Universidad Rafael Landivar, Universidad del Valle de Guatemala, y FLACSO/Guatemala, Ciudad de Guatemala, 25 de mayo 2016

Buenas tardes.  Agradezco  a la Universidad Rafael Landívar, la Universidad del Valle de Guatemala, y FLACSO por la invitación a este importante foro.

Voy a hablar desde la perspectiva de Latin America Working Group, una red de organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos incluyendo agencias humanitarias, organizaciones de fe, grupos de derechos humanos, sindicatos, y organizaciones ambientalistas—todos interesados en promover una política de nuestro país, los Estados Unidos, hacia América Latina que apoya los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible.   

La escalada de la llegada de menores no acompañados y familias a la frontera entre los EEUU y México, y la preocupación por el incremento de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, fueron las razones principales por las cuales la Administración Obama propuso aumentar la cooperación para Centroamérica y apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad en Guatemala, Honduras y El Salvador.  Primero voy a tocar el tema de inmigración, antes de enfocarme en el Plan Alianza y el aporte de los Estados Unidos—porque el hecho de brindar cooperación al Triángulo Norte no quita de los Estados Unidos la responsabilidad de construir una política migratoria que respeta los derechos de migrantes y el derecho de asilo para los refugiados.

El incremento de niños, niñas, jóvenes y familias llegando desde junio de 2014 capturó los titulares de las noticias y encendió una tormenta política en los Estados Unidos.  Los críticos de la reforma migratoria argumentaron que las medidas dictadas por la Administración Obama para detener temporalmente las deportaciones de algunos inmigrantes jóvenes representaron un incentivo para que las familias envíen a sus hijos en una peligrosa travesía con la esperanza de que pudiesen cruzar la frontera y permanecer en los EEUU.

Como Uds. bien saben, el tema de la inmigración entró en el debate presidencial  estadounidense en una manera abierta y, tengo que decirlo, fea y vergonzosa.  Este debate sigue hoy.

Frustrado por el incumplimiento del Congreso estadounidense para realizar una reforma migratoria integral, desde el año 2011 y culminando con las acciones ejecutivas emitidas en noviembre de 2014, el Presidente Barack Obama ha tomado medidas para prestar asistencia a una parte de las aproximadamente 11 millones de personas que residen en los Estados Unidos sin papeles. De ser implementadas plenamente, estas medidas ofrecerán protección contra la deportación hasta a cuatro millones de inmigrantes.

Desafortunadamente, al presente estas medidas han sido obstaculizadas por un proceso judicial en los tribunales en los EE.UU.   Estamos esperando ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia.  La corte va a decidir si las acciones ejecutivas pueden avanzar, o no.

Aunque  vemos las acciones ejecutivas propuestas por la Administración Obama para brindar alivio a 4 millones de inmigrantes como muy positivas, aun si fueron implementadas no resolverían la problemática ni las situaciones personales de los niños, niñas, adolescentes y familias del Triángulo Norte que siguen llegando a los Estados Unidos.  Las acciones no cubren los que llegan después del 1 de enero de 2014.  De hecho, la administración priorizó la deportación de quienes ingresaron al país después del 1 de enero de 2014.  El gobierno estadounidense está ejerciendo presión sobre el gobierno mexicano para incrementar la deportación de inmigrantes antes que éstos lleguen a la frontera con los EE.UU.  México aumentó dramáticamente las deportaciones de migrantes centroamericanos en los últimos dos años. En este momento mismo estamos escuchando que van a llevar a cabo en los EEUU otra ola de deportaciones de personas que han llegado después de enero de 2014, incluyendo a familias y niños.

Ha habido, mejor tarde que nunca, cierta reconocimiento de parte de la Administración Obama que una parte de los que están llegando son refugiados de violencia, no solamente migrantes. Pero no ha habido el reconocimiento pleno de la realidad de que esto es, en gran parte, una crisis de refugiados. Ni ha habido una respuesta sustancial a la gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, familias, quienes merecen asilo. El programa CAM en que se puede aplicar para asilo en las embajadas estadounidenses en El Salvador, Guatemala y Honduras es un avance, pero solo cubre una minoría de las personas que en teoría puedan aplicar para el asilo.   Es una vergüenza que ahora en los Estados Unidos, familias centroamericanas se quedan en los centros de detenciones y adolescentes, niños y niñas, incluyendo quizás muchos que huyeron de violencia, probablemente van a ser deportados.

A la misma vez que existe este debate político feo en los Estados Unidos sobre inmigración, y opiniones que francamente muestra el racismo y la xenofobia, existe en los EEUU comunidades, organizaciones de fe, organizaciones humanitarias, escuelas, organizaciones de inmigrantes latinas, familias latinas e individuos que están trabajando duro para dar la bienvenida a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias quienes están llegando.  Existen comunidades y escuelas que con pocos recursos están asegurando que niños y niñas pueden ir a la escuela, abogados e intérpretes quienes están brindando asesoría a sus casos de manera gratis, médicos y enfermeras quienes contribuyen sus servicios, organizaciones de inmigrantes que están ayudando para que las familias, niños y niñas tengan un lugar para vivir y asesoría legal, y por supuesto familias de inmigrantes a veces con pocos recursos quienes están cuidando a familiares recién llegados.  A veces se ve la parte fea en los medios y no se ve el trabajo de bajo perfil de muchas personas en mi país quienes están ayudando.

Cooperación de los EEUU para el Triángulo Norte

El 29 de enero de 2015, la Casa Blanca anunció que el Presidente Obama incluiría un pedido de asistencia por US$ 1 mil millones para América Central como parte del presupuesto nacional que presentó al Congreso de los EE.UU. El pedido proponía “ayudar a los líderes de Guatemala, El Salvador y Honduras a implementar reformas sistemáticas que aborden la falta de oportunidades económicas, la ausencia de instituciones sólidas, y niveles extremos de violencia”. Al proponer este paquete de asistencia, la Casa Blanca se comprometía a tratar de reducir la migración mediante el ofrecimiento de programas de asistencia que abordarían las causas del incremento de la migración.  

La propuesta de cooperación de la Casa Blanca siguió la presentación en noviembre de 2014 del plan Alianza para la Prosperidad por parte de los tres países del Triángulo Norte, creado con aportes sustanciales del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque el paquete de asistencia de los EE.UU. está enmarcado como si surgiese de la Alianza para la Prosperidad, de hecho la Alianza y el paquete de ayuda no son la misma cosa.

Las limitadas descripciones disponibles de la propuesta de cooperación incluyen:

  • Asistencia para fortalecer sistemas judiciales
  • Programas comunitarios de prevención de la violencia
  • Creación de puestos de trabajo y colocación laboral para jóvenes en riesgo
  • Entrenamiento en habilidades vocacionales
  • Asistencia para comunidades rurales afectadas por la sequía y por la plaga del café
  • Programas para mejorar la prestación de servicios del gobierno y la recaudación de impuestos
  • Apoyo para las fuerzas policiales, incluyendo Precintos Policiales Modelo, grupos especiales anti-pandillas y contra el crimen transnacional, y apoyo para grupos especiales conjuntos policiales-fiscalía
  • Y un parte sustancial de apoyo para la seguridad en puertos y fronteras.

Al final de 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó $750 millones de dólares para el año fiscal 2016 para Centroamérica y especialmente para Guatemala, El Salvador y Honduras, menos de la cantidad propuesta por la Administración Obama pero un aumento significativa de cooperación para el Triángulo Norte—duplicando la cantidad de cooperación brindada en 2014.   Además, el Congreso aprobó 66 millones de dólares para Centroamérica en la ley para la Defensa, más de dos veces la cantidad solicitada a través de esta ley de defensa por la Administración Obama. 

(Véase Security Assistance Monitor para más información sobre cantidad de cooperación, http://www.securityassistance.org/latin-america-and-caribbean/data.)   

Estas cantidades son por un año; el Congreso ya está empezando a decidir la cooperación para el año entrante, probablemente de un monto parecido.  Ahora que este paquete de cooperación ha empezado, es muy probable que vaya a seguir para por lo menos 5 años, pero puede cambiar en cantidad y en enfoque cada año.  

Vale la pena anotar que el Congreso señaló que la cooperación bilateral a través de USAID no debe estar destinada para grandes proyectos de infraestructura. Fondos multilaterales por ejemplo a través del BID obviamente pueden ser invertidos en tales proyectos.  Pero la cooperación bilateral a través de USAID por lo menos este año, no puede.

Es muy significativo que el Congreso estadounidense incluyó una seria de condiciones vinculadas a la cooperación de los gobiernos centrales de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El primer veinticinco por ciento de la ayuda para los gobiernos centrales está vinculada a condiciones que insisten en que los gobiernos centroamericanos fortalezcan fronteras y tomen medidas para disuadir a la migración.  Estamos preocupados que estas condiciones no tomen en cuenta la necesidad de respetar los derechos de migrantes y refugiados.

Recuardo 1

Seguridad en la Frontera/Condiciones Referentes a la Migración Vinculadas a la Asistencia para América Central

(3) ASISTENCIA PARA LOS GOBIERNOS CENTRALES DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.—
De los fondos designados según el párrafo (1) que están disponibles para financiar la asistencia a los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras, los siguientes montos se retendrán de su destino obligado y sólo se podrá disponer de ellos de acuerdo a lo que se señala a continuación:
(A) Un 25 por ciento puede ser puesto a disposición sólo después que el Secretario de Estado certifique y reporte ante los comités pertinentes del Congreso que dicho gobierno está dando pasos efectivos para—
(i) informar a sus ciudadanos sobre los peligros del trayecto hacia la frontera sur-occidental de los Estados Unidos;
(ii) combatir el contrabando y tráfico de personas;
(iii) mejorar la seguridad de fronteras; y
(iv) cooperar con las agencias del gobierno de los Estados Unidos y con otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de migrantes ilegales que lleguen a la frontera sur-occidental de los Estados Unidos y que no califiquen como refugiados, consistentemente con la legislación internacional.

Pero cincuenta por ciento de la cooperación para los gobiernos centrales está vinculado a condiciones de derechos humanos y anti-corrupción. Estas condiciones dicen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que certificar que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador están tomando medidas para combatir la corrupción, incrementar la capacidad e independencia del poder judicial, establecer e implementar mecanismos de consulta con comunidades y sociedad civil, combatir el crimen organizado, investigar y procesar miembros de las fuerzas militares y policiales implicados en violaciones de derecho humanos, limitar el papel de las fuerzas armadas, proteger los derechos de defensores de derechos humanos, periodistas y partidos de oposición; e implementar reformas tributarias.

Recuadro 2

Condiciones de Derechos Humanos y Anti-Corrupción sobre la Asistencia a América Central


Sección 7045

(3) ASISTENCIA PARA LOS GOBIERNOS CENTRALES DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.—De los fondos designados según el párrafo (1) que están disponibles para financiar la asistencia a los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras, los siguientes montos se retendrán de su destino obligado y sólo se podrá disponer de ellos de acuerdo a lo que se señala a continuación:
(B) Un 50 por ciento adicional puede ser puesto a disposición sólo después que el Secretario de Estado certifique y reporte ante los comités pertinentes del Congreso que dichos gobiernos están dando pasos efectivos para—
(i) establecer una entidad autónoma y públicamente fiscalizable para brindar supervisión al Plan;
(ii) combatir la corrupción, incluyendo la investigación y procesamiento judicial de funcionarios de gobierno de quien supuestamente se tenga información creíble sobre participación en actos de corrupción;
(iii) implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo incrementar la capacidad e independencia del poder judicial y la Procuraduría General;
(iv) establecer e implementar políticas de modo que las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil (incluyendo grupos indígenas y otros que sean marginalizados) y gobiernos locales sean consultados sobre el diseño, y participen en la implementación y evaluación de actividades del Plan que afecten a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos;
(v) combatir las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas y del crimen organizado;
(vi) investigar y procesar en el sistema de justicia civil a miembros de las fuerzas militares y policiales de quienes se crea que han violado los derechos humanos, y garantizar que las fuerzas militares y policiales estén cooperando en tales casos;
(vii) cooperar con las comisiones contra la impunidad, según sea pertinente, y con las entidades regionales de derechos humanos;
(viii) apoyar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico equitativo en áreas de donde proviene gran número de migrantes;
(ix) establecer e implementar un plan para crear una fuerza policial civil profesional y fiscalizable, y limitar el papel de las fuerzas armadas en funciones de patrullaje policial interno;
(x) proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias;
(xi) incrementar los ingresos del gobierno, incluyendo la implementación de reformas tributarias y el fortalecimiento de agencias de aduanas; y
(xii) resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles, entre los Estados Unidos y dicho gobierno.

(4) SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA Y RECONSIDERACIÓN PERIÓDICA.—
(A) El Secretario de Estado reconsiderará periódicamente el avance de cada uno de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras en cuanto al cumplimiento de los requisitos correspondientes a los párrafos (3)(A) y (3)(B) y presentará, a más tardar el 30 de setiembre de 2016, un informe evaluando tal avance ante los comités pertinentes en el Congreso: Se Dispone, Que si el Secretario determina que un gobierno central no ha realizado suficientes avances, el Secretario suspenderá, en todo o en parte, la asistencia a tal gobierno para programas financiados con tal requerimiento, y notificará a dichos comités por escrito sobre dicha acción: Se Dispone Además, Que el Secretario puede reanudar el financiamiento para tales programas sólo después de certificar ante tales comités que se han tomado las medidas correctivas.
(B) El Secretario de Estado, luego de producido un cambio del gobierno nacional en El Salvador, Guatemala u Honduras, determinará y reportará ante los comités pertinentes del Congreso que cualquier nuevo gobierno se ha comprometido a tomar los pasos necesarios para cumplir los requerimientos contenidos en los párrafos (3)(A) y (3)(B): Se Dispone, Que si el Secretario no puede establecer tal determinación de manera oportuna, se suspenderá la asistencia disponible como parte de esta sub-sección para tal gobierno central, en todo o en parte, hasta el momento en que tal determinación y reporte respectivos se realicen.

 

Estas condiciones no son puras palabras. Son una muestra significativa de las intenciones del Congreso de los Estados Unidos:   un mensaje que con la cooperación viene la expectativa de que los gobiernos del Triángulo Norte deben mostrar avances en respetar y proteger a los derechos humanos, proteger los derechos y las vidas de los defensores de derechos humanos, tomar medidas para combatir la corrupción, y consultar con la sociedad civil.

Una perspectiva de la sociedad civil estadounidense

Como organizaciones de la sociedad civil estadounidense, ¿cómo vemos el Plan de Alianza para la Prosperidad y la cooperación nueva  de los Estados Unidos?

Por un lado, entendemos que el Triángulo Norte de Centroamérica está sufriendo una situación bastante difícil de violencia y pobreza.  Niños, niñas, adolescentes, familias, mujeres y hombres no dejan sus hogares sin una presión intensa para escapar la violencia y lograr una vida mejor.

Entonces, creemos que si los EEUU puede brindar cooperación que realmente contribuya a reducir la pobreza, a fortalecer el tejido social, a reducir la violencia en una manera que también respeta a los derechos humanos, y ofrecer oportunidades para los que quieren quedarse y no ser desplazados, refugiados, entonces, estamos en favor de esta cooperación.

Pero esta es la gran pregunta.   Compartimos ciertas preocupaciones serias con la negociación del Plan Alianza y la cooperación estadounidense:

Primero, la falta de consulta y transparencia:

  • La falta de consulta con la sociedad civil de parte de los tres gobiernos sobre el desarrollo y la implementación del Plan de Alianza para la Prosperidad.
  • En general, la falta de consulta en los países del Triángulo Norte sobre proyectos de gran escala de infraestructura, minería, plantas hidroeléctricas, agroindustria—hemos visto proyectos sin consentimiento previo,  libre, e informado de comunidades indígenas y sin consultas serias con todas las comunidades afectadas.  Megaproyectos que no toman en cuenta comunidades pueden generar daños ambientales, causar desplazamiento e incluso generar graves violaciones de derechos humanos.
  • La falta de transparencia en los planes para la cooperación de los Estados Unidos y los planes de los gobiernos del Triángulo Norte.

Segundo, nos preocupamos que el Plan pueda promover un modelo de desarrollo que no ofrece un desarrollo sostenible y equitativo.  El documento del Plan de Alianza hace referencias a una estrategia de desarrollo sostenible. Pero el énfasis en proyectos parece ser los proyectos grandes de infraestructura.

Tercero, nos preocupa un modelo de seguridad que trae riesgos para los derechos humanos.   El documento del Plan de Alianza tiene un énfasis en prevención de la violencia.  Pero el énfasis actual de los tres países en temas de seguridad no es alentador.

  • En Honduras, hay grandes preocupaciones con el énfasis en la Policía Militar, así como con la corrupción y violaciones graves de derechos humanos por parte de la policía nacional y las fuerzas armadas, incluso dirigidos hacia defensores/defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • En Guatemala, es sumamente preocupante la continuación del uso de las fuerzas armadas en tareas que son apropiadas para la policía y el uso de la fuerza pública para reprimir protesta social.  
  • En El Salvador, existe un plan sensato, más o menos ampliamente consultado sobre  seguridad, el Plan Salvador Seguro, pero la implementación ha sido enfocado en medidas de mano dura en vez de un plan balanceado que queda en papel.  Si sigue en esta dirección de mano dura, las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública puede crecer sin resolver las problemas graves de las pandillas.  
  • También nos preocupa el aumento de ayuda militar por parte de los EEUU y la tendencia de los EEUU de promover o no contrarrestar el uso de fuerzas militares para tareas de la policía.

Cuarto, nos preocupa la falta de un énfasis humanitario en el Plan y en la cooperación de los Estados Unidos.  La migración y el flujo de personas refugiados en el corto y mediano plazo van a seguir aun si hay mejores políticas para abordar los problemas de la pobreza y la violencia.  El tratamiento de las personas migrantes debe ser humanitario, debe respetar su derechos, y México y los Estados Unidos necesitan ampliar significativamente el acceso al asilo para los refugiados centroamericanos.

Si los gobiernos del Triángulo Norte y los donantes y bancos internacionales no enfatizan un modelo de desarrollo incluyente y una política de seguridad que realmente respeta a los derechos humanos, la migración va a seguir aumentando y otra oportunidad para los países centroamericanos puede ser perdida.

Por esta razón, recomendamos:
•    Que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador aseguran que el Plan de Alianza sea revisada, sea diseñada e implementada con consulta significativa de amplias sectores de la sociedad civil;
•    Que los gobiernos donantes establezcan sus propios mecanismos de consulta con sociedad civil en los tres países, además con organizaciones humanitarias, grupos de derechos humanos y otras organizaciones relevantes en sus propias países:
•    Que el modelo de desarrollo implementado sea equitativa y sostenible;
•    Que los hechos de corrupción, denunciado en Guatemala y Honduras por movimientos sociales increíblemente valiosos, sean plenamente investigados;
•    Que se use esta momento de énfasis y apoyo de parte de la comunidad internacional para invertir en modelos de seguridad ciudadana que fortalecen la justicia, aseguran fuerzas policiacas que respetan los derechos humanos, y ofrecen oportunidades a jóvenes en riesgo, realmente fortaleciendo el tejido social de las comunidades; y
•    Que el gobierno de los Estados Unidos implemente las acciones ejecutivas sobre inmigración, y más, que realice el sueño postergado de una reforma inmigratoria integral.

Para más información: www.lawg.org, correo electrónico: lawg@lawg.org 


1. Se puede ver más información sobre esta tema en Latin America Working Group Education Fund, “Una Coyuntura Desafiante para la Protección de los Derechos de los Migrantes y los derechos Humanos en el Triángulo Sur” (julio 2015), y “Actualización sobre Políticas de Inmigración y Política Exterior de los EEUU” (enero 2016).