[En español abajo]
In a letter to President Joe Biden, 22 U.S. and international civil society organizations urged the administration to make the Colombian government’s full implementation of the 2016 peace accords the central tenet of U.S. policy to Colombia. The groups included major faith, labor, environmental, human rights, humanitarian, and Colombian-American organizations.
“We urge you to restore peace and protection of human rights as the principal goals of U.S. policy in Colombia,” the letter states. “This would start with whole-of-government messaging focused on the following priorities: urging the Colombian government to fully implement the accords; encouraging a humanitarian accord with the ELN, as well as encouraging negotiations on a peace agreement should circumstances permit; through the U.S. role in the UN Security Council, promoting consolidation of peace in Colombia; and continuing to provide substantial U.S. assistance for implementation.”
The letter recognizes that the Biden administration has made promising, early signals of its intent to make peace and protection of human rights as the principal goals of U.S. policy in Colombia. It notes that it is critical for the U.S. government to continue assistance to Colombia’s Truth Commission and the Unit to Search for the Disappeared, and should begin assistance for the Special Jurisdiction for Peace, which has registered significant advances in bringing about accountability for some of the most brutal human rights abuses committed during Colombia’s conflict.
The letter notes that given the disproportionate impact of post-accord violence and displacement of Afro-Colombian and Indigenous communities, the United States must prioritize the implementation of the 2016 peace accord’s Ethnic Chapter— a section of the accords that safeguards the rights of Afro-descendant and Indigenous Colombians. To support the protection of Black and Indigenous lives in Colombia, the U.S. government should also promote humanitarian dialogues and agreements that protect civilian populations in ethnic territories, and encourage the Colombian government to uphold the civic accords reached with Buenaventura and Chocó Civic Strike Committees (these were agreements that came about following a 2017 massive strike by Buenaventura residents, calling on the government to address their basic needs for potable water, infrastructure, security, and dignified work).
“Top-line public messaging regarding the U.S.-Colombia partnership should be careful not to overshadow acknowledgment that major obstacles remain to peace accord implementation, military reform, and protection of human rights defenders,” the letter states. The letter urges “an intensive focus on preventing violence against human rights defenders and community leaders,” including Colombia’s endangered environmental, labor, and Indigenous and Afro-descendant activists.
Read the full letter here.
En una carta dirigida al Presidente Joe Biden, 22 organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos e Internacionales instaron a la administración a hacer que la implementación completa de los acuerdos de paz de 2016 por parte del gobierno de Colombia sea el tema central de las políticas de Estados Unidos a Colombia. Los grupos incluían importantes organizaciones religiosas y humanitarias, así como organizaciones colombo-americanas.
“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia”, dice la carta. “Esto comenzaría con un mensaje que provenga de todo el Gobierno enfocado en las siguientes prioridades: exhortar al Gobierno colombiano a que implemente plenamente el acuerdo; promover un acuerdo humanitario con el ELN, así como impulsar las negociaciones para un acuerdo de paz si las circunstancias lo permiten; a través del papel de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, promover la consolidación de la paz en Colombia; y continuar haciendo aportes sustanciales de asistencia estadounidense para la implementación”.
La carta reconoce que la administración Biden ha hecho tempranas señales alentadoras de su intento por hacer de la paz y la protección de los derechos humanos las metas principales de las políticas de Estados Unidos en Colombia. Apunta a que es importante para el gobierno de los Estados Unidos continuar ayudando a la Comisión de la Verdad en Colombia, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y que debería comenzar a ayudar a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha registrado avances significativos en lograr la rendición de cuentas por algunos de los abusos de derechos humanos más brutales cometidos durante el conflicto colombiano.
La carta señala que, dado el impacto desproporcionado de la violencia posterior al acuerdo y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, los Estados Unidos deben priorizar la implementación del Capítulo Étnico de los acuerdos de 2016; una sección de los acuerdos que salvaguarda los derechos de los colombianos afrodescendientes e indígenas. Para ayudar en la protección de la vida de personas negras e indígenas en Colombia, el gobierno de los Estados Unidos también debería promover diálogos humanitarios y acuerdos que protejan a la población civil en los territorios étnicos, y alentar al gobierno colombiano a respetar los acuerdos civiles a los que llegaron con los Comités de Paro Cívico de Buenaventura y el Chocó. Éstos fueron acuerdos que llegaron después de una protesta masiva en 2017 hecha por los residentes de Buenaventura, pidiendo al gobierno que solucione sus necesidades básicas: agua potable, infraestructura, seguridad y trabajo digno.
“Los mensajes públicos de primera línea sobre la alianza entre los Estados Unidos y Colombia no deben eclipsar el reconocimiento de que siguen existiendo grandes obstáculos para la implementación del acuerdo de paz, la reforma militar y la protección de los defensores de los derechos humanos”, dice la carta. La carte pide “un enfoque intensivo de prevención de la violencia contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales”, incluyendo los defensores ambientalistas en Colombia, los sindicalistas, y los activistas indígenas y afrodescendientes.
Lea la carta aquí.
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