PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
25 de enero 2017
Washington DC
Contacto: Daniella Burgi-Palomino, Coordinadora Principal para México, Derechos de Migrantes y la Frontera
dburgipalomino@lawg.org
(202) 546-7010
LAWG condena el comunicado del Presidente Trump hoy para firmar órdenes ejecutivas dirigiendo recursos federales para la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el aumento de la detención de los inmigrantes y los posibles solicitantes de asilo en nuestra frontera, el reforzamiento de la aplicación de la ley migratoria en el interior del país, y el recorte de fondos federales para las ciudades santuario.
“Con estas acciones, el Presidente Trump ha demostrado su compromiso a una agenda extrema anti-inmigrante y refugiada que contradice los valores humanitarios de nuestro país. Rechazamos la militarización de las fronteras que niega el debido proceso a las familias y niños que huyen de la violencia y que buscan protección en nuestras fronteras. Estas políticas son costosas, crueles y no harán nada para que nuestro país sea más seguro”, afirma Daniella Burgi-Palomino, Coordinadora Principal del Programa de México, Derechos de los Migrantes y Asuntos Fronterizos.
Estas acciones amenazan los derechos básicos civiles y humanos de nuestras comunidades, así como de los individuos y familias que buscan refugio en nuestras fronteras. Socavan nuestros valores estadounidenses fundamentales de la bienvenida a los inmigrantes y refugiados que verdaderamente hacen grande a nuestra nación.
Ahora más que nunca, LAWG se compromete para luchar en contra de estas acciones y a favor de la protección de los migrantes y refugiados, uniendo voces con nuestros aliados en Estados Unidos y América Latina para defender los derechos humanos.
Fundada en 1983, El Grupo de Trabajo de Asuntos Latinoamericanos (LAWG) lleva una de las coaliciones más antiguas de la nación dedicados a la política exterior. LAWG trabaja con más de 50 organizaciones de base, religiosas, humanitarias, del medio ambiente, derechos laborales y con organizaciones de derechos humanos para incidir en políticas justas y basadas en los derechos humanos hacia la región.
