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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
6 de marzo 2017
Contacto: Daniella Burgi-Palomino, dburgipalomino@lawg.org, (202) 546-7010
El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) condena el segundo intento cruel de la Administración Trump de prohibir la entrada a musulmanes, familias y niños buscando refugio en los Estados Unidos, incluyendo aquellos que huyen de la violencia en Centroamérica. Junto a las órdenes ejecutivas de control fronterizo y aplicación de la ley en el interior del país firmadas anteriormente, esta orden ejecutiva revisada continua las políticas injustas, ineficaces y anti-inmigrantes de la administración que van en contra de los valores estadounidenses. Esta orden puede dañar la diplomacia estadounidense en el extranjero, cierra la puerta a los más vulnerables y no mejora la seguridad nacional. LAWG hace un llamado para que la administración anule esta orden ejecutiva inmediatamente y asegure que las agencias que la implementarán cumplan con la ley estadounidense y el derecho internacional.
“Los cambios en papel no ocultan el hecho que esta orden es la misma que sigue cerrando la puerta a miles de familias cuyas vidas están en riesgo y quienes buscan refugio en los Estados Unidos. La orden sirve el mismo propósito de presentar a los refugiados, los inmigrantes y los musulmanes como chivos expiatorios. Con ella se envía el mismo mensaje de odio a las personas y familias más marginalizadas del mundo. Esto no es lo que somos como país y no refleja nuestros valores morales“, afirma Daniella Burgi-Palomino, Coordinadora para México, Derechos de los Migrantes y Asuntos Fronterizos. “Esta orden también significará que los niños no acompañados y las familias que buscan refugio de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras enfrentarán mayores obstáculos en sus posibilidades ya limitadas para recibir protección”.
Al igual que la orden del 27 de enero, la orden “Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos” (Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States) suspende el Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados (U.S. RAP por sus siglas en inglés) por 120 días a partir del 16 de marzo 2017, cerrando la puerta a individuos que buscan refugio dentro de los Estados Unidos. Esta pausa pone en peligro la vida de las personas actualmente en trámite e interrumpe su procesamiento, incluyendo las familias y los niños esperando en el programa para menores de Centroamerica (Central America Minors Program) y el reasentamiento de refugiados en Costa Rica mediante el acuerdo de transferencia a Costa Rica (Protection Transfer Agreement), los únicos dos programas existentes, aun pequeños, en los países de origen que proporcionan opciones limitadas de protección para las familias y los niños de Centroamérica. Asimismo, se ordena una revisión del proceso de solicitud de refugio, sin reconocer que los refugiados ya están entre los inmigrantes más revisados. La orden ejecutiva mantiene la reducción global de la admisión de refugiados a 50,000 para el año fiscal 2017, lo que reduce drásticamente las posibilidades para la búsqueda de refugio de las personas de América Latina.
A pesar de que elimina el Iraq de la lista de países prohibidos, al igual que la orden ejecutiva anterior firmada el 27 de enero, ésta mantiene la prohibición musulmana, suspendiendo la admisión de nacionales de Irán, Somalia, Libia, Sudán, Siria y Yemen a los Estados Unidos por 90 días. Se deja abierta la posibilidad que nacionales de países adicionales pueden agregarse a la lista de países prohibidos después de una revisión que se llevará a cabo durante los primeros 20 días de la aplicación de la orden.
La orden ejecutiva establece que “Ninguna disposición de esta orden será interpretado para limitar la capacidad de la persona a buscar asilo, la retención de expulsión, o protección bajo la Convención contra la tortura, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos.” Sin embargo, las disposiciones contenidas en la orden son totalmente contradictorias con esta declaración. Cualquier pausa en el proceso de refugiados, incluso temporal, causará retrasos serios en la selección rigurosa de refugiados, que miles sean forzados a esperar años para repetir revisiones caducadas y que sus vidas se encuentren en un peligro inmediato.
El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos sigue comprometido a trabajar con sus aliados en los Estados Unidos, México y Centroamérica para rechazar estas políticas discriminatorias perjudiciales y para defender el derecho de asilo de todos los individuos y familias que huyen de la violencia.
